La reforma constitucional anticorrupción publicada en mayo de 2015, representó un hito en el orden jurídico mexicano en materia de derecho administrativo sancionador, entre otros nuevos paradigmas instituyó un nuevo modelo de faltas administrativas y faltas de particulares, así como un procedimiento específico, completo y garantista, para la investigación, sustanciación y resolución, que puede culminar en la imposición de sanciones a personas servidoras públicas e incluso a personas físicas y morales de derecho privado. Las personas servidoras públicas, en el ejercicio de sus cargos, son constitucional y legalmente susceptibles de incurrir en responsabilidades de naturaleza penal, civil, administrativa o laboral, de ahí surge la necesidad de tener muy claro el marco jurídico de actuación que a cada puesto o cargo corresponde.